Contemplan cárcel para padres de bullies
Viernes 2 de septiembre de 2011
ED/ Redacción
Los padres o tutores de niños que ejerzan violencia escolar y no atiendan las recomendaciones de los Comités de Convivencia implementados en los colegios podrían ser arrestados de 24 a 36 horas o sancionados con multas de entre 50 y 100 días de salario mínimo.
Así lo establece la propuesta para la Ley de Convivencia y Atención del Acoso Escolar para el Distrito Federal, elaborada por el Partido Acción Nacional (PAN). En ella también se indica que la sanción a los padres de los niños llamados bullies sería impuesta por un juez cívico y basada en la Ley de Cultura Cívica del DF.
Además, en caso de que un estudiante reincida en conductas violentas, podría estar sujeto a suspensión hasta por 30 días, ser cambiado de turno, grupo o escuela.
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Sin saber leer ni escribir, 793 millones de personas en el mundo
o La Unesco alerta que la mayoría de los analfabetas son niñas y mujeres
Rumbo a la celebración del Día Internacional de la Alfabetización presentan un preocupante informe sobre la situación mundial
PARÍS, FRANCIA (06/SEP/2011).- La Unesco informó de que 793 millones de personas es la cantidad estimada de la población mundial que no sabe ni leer ni escribir, según un estudio publicado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Alfabetización.
De acuerdo con datos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la mayoría de esas personas son niñas y mujeres.
"Otros 67 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria no lo hacen y 72 millones de adolescentes en edad de cursar el primer ciclo de la enseñanza secundaria tampoco están gozando de su derecho a la educación", indicó la agencia de la ONU.
Once países del mundo tienen más de un 50% de adultos analfabetos: Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Gambia, Guinea, Haití, Mali, Níger, Senegal y Sierra Leona.
Por regiones, el sur y el oeste de Asia albergan más de la mitad de la población analfabeta mundial (51.8%), en tanto que en el África subsahariana vive el 21.4% de los adultos analfabetos.
En Asia Oriental y el Pacífico están el 12.8% de los analfabetos, en los Estados árabes el 7.6% y en América Latina y el Caribe el 4.6%.
América del Norte, Europa y Asia Central suman, por su parte, alrededor del 2% de los adultos analfabetos, agregó la Unesco.
La celebración del Día Internacional de la Alfabetización, el próximo 8 de septiembre, presta especial atención a la relación entre la alfabetización y la paz, según la organización, con sede en París.
La Unesco entregará en Nueva Delhi los premios internacionales de alfabetización Confucio y Rey Sejong, que recompensan proyectos de Burundi, Estados Unidos, México y la República Democrática de Congo.
El premio Unesco-Rey Sejong recayó en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de México (INEA), por sus programas de alfabetización bilingües.
Según la Unesco, estos programas han demostrado su eficacia para reducir los índices de analfabetismo entre las poblaciones indígenas de México, en particular de las mujeres, y para mejorar su capacidad de ejercer sus derechos.
En Nueva Delhi se celebrará, además, del 8 al 10 de septiembre la conferencia internacional "Alfabetización femenina para un desarrollo integrador y sostenible", organizada por el Gobierno indio en el marco de la "Iniciativa E-9" de la Unesco.
La directora general de este organismo, Irina Bokova, declaró en un comunicado que "el mundo necesita urgentemente un compromiso político más firme con la alfabetización respaldado por los recursos adecuados para ampliar los programas eficaces".
"Exhorto a los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado a que hagan de la alfabetización una prioridad política, para que todas las personas puedan desarrollar su potencial y participar activamente en la conformación de sociedades más sostenibles, justas y pacíficas", afirmó.
A la conferencia de Nueva Delhi asistirán la presidenta de India, Pratibha Devi Singh Patil, así como los ministros de educación de Nigeria, Ruqayyatu Admed Rufaí (actual presidenta del E-9); Pakistán, Pir mazhar-ul-Aq; Nepal, Gangalal Tuladhar; Egipto, Ahmed Gamal El-Din Moussa; Sri Lanka, Bandula Gunawardhana; Bangladesh, Nurul Islam, y Bután, Lyonpo Thakur Singh Powdyel, entre otros.
El E-9 reúne a nueve países muy poblados que concentran más de dos tercios de los analfabetos adultos y más de la mitad de los niños no escolarizados del mundo y está formado por Bangladesh, Brasil, China, India, Indonesia, México, Nigeria y Pakistán.
De acuerdo con datos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la mayoría de esas personas son niñas y mujeres.
"Otros 67 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria no lo hacen y 72 millones de adolescentes en edad de cursar el primer ciclo de la enseñanza secundaria tampoco están gozando de su derecho a la educación", indicó la agencia de la ONU.
Once países del mundo tienen más de un 50% de adultos analfabetos: Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Gambia, Guinea, Haití, Mali, Níger, Senegal y Sierra Leona.
Por regiones, el sur y el oeste de Asia albergan más de la mitad de la población analfabeta mundial (51.8%), en tanto que en el África subsahariana vive el 21.4% de los adultos analfabetos.
En Asia Oriental y el Pacífico están el 12.8% de los analfabetos, en los Estados árabes el 7.6% y en América Latina y el Caribe el 4.6%.
América del Norte, Europa y Asia Central suman, por su parte, alrededor del 2% de los adultos analfabetos, agregó la Unesco.
La celebración del Día Internacional de la Alfabetización, el próximo 8 de septiembre, presta especial atención a la relación entre la alfabetización y la paz, según la organización, con sede en París.
La Unesco entregará en Nueva Delhi los premios internacionales de alfabetización Confucio y Rey Sejong, que recompensan proyectos de Burundi, Estados Unidos, México y la República Democrática de Congo.
El premio Unesco-Rey Sejong recayó en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de México (INEA), por sus programas de alfabetización bilingües.
Según la Unesco, estos programas han demostrado su eficacia para reducir los índices de analfabetismo entre las poblaciones indígenas de México, en particular de las mujeres, y para mejorar su capacidad de ejercer sus derechos.
En Nueva Delhi se celebrará, además, del 8 al 10 de septiembre la conferencia internacional "Alfabetización femenina para un desarrollo integrador y sostenible", organizada por el Gobierno indio en el marco de la "Iniciativa E-9" de la Unesco.
La directora general de este organismo, Irina Bokova, declaró en un comunicado que "el mundo necesita urgentemente un compromiso político más firme con la alfabetización respaldado por los recursos adecuados para ampliar los programas eficaces".
"Exhorto a los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado a que hagan de la alfabetización una prioridad política, para que todas las personas puedan desarrollar su potencial y participar activamente en la conformación de sociedades más sostenibles, justas y pacíficas", afirmó.
A la conferencia de Nueva Delhi asistirán la presidenta de India, Pratibha Devi Singh Patil, así como los ministros de educación de Nigeria, Ruqayyatu Admed Rufaí (actual presidenta del E-9); Pakistán, Pir mazhar-ul-Aq; Nepal, Gangalal Tuladhar; Egipto, Ahmed Gamal El-Din Moussa; Sri Lanka, Bandula Gunawardhana; Bangladesh, Nurul Islam, y Bután, Lyonpo Thakur Singh Powdyel, entre otros.
El E-9 reúne a nueve países muy poblados que concentran más de dos tercios de los analfabetos adultos y más de la mitad de los niños no escolarizados del mundo y está formado por Bangladesh, Brasil, China, India, Indonesia, México, Nigeria y Pakistán.
Derechos Humanos reprueba antidoping en las primarias
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián sigue a la espera de la iniciativa del diputado Abraham González Uyeda
GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2011).- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se refirió ayer a la iniciativa de ley del diputado Abraham González Uyeda, que pretende aplicar exámenes antidoping a estudiantes a partir de quinto de primaria, externando su rechazo a la misma porque considera que ni en Jalisco ni en el resto del país existe infraestructura y personal especializado y suficiente para la rehabilitación de los menores de edad con adicciones.
En este sentido, pidió al Congreso del Estado que tome en cuenta las disposiciones que hará llegar por escrito respecto al tema, donde se integran varias condicionantes para que dicha iniciativa se pueda llevar a cabo.
“La propuesta de ley que se plantea, debe considerar la creación de dichas estructuras burocráticas eficaces, que garanticen a la infancia este derecho a la salud física, psíquica y social; segundo, que se dé cumplimiento a lo que ordena el Artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que ninguno será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio”.
Aseveró que Jalisco y todos los estados tienen la obligación de legislar para establecer todas las medidas pertinentes a efecto de evitar que las niñas y niños caigan en el consumo de las drogas, por lo que ésta sería una importante condicionante antes de pensar en la aplicación de exámenes antidoping.
Además, indicó, en este tipo de iniciativas no basta con la autorización de los padres de familia, pues en México “hemos acostumbrado mucho que, en materia de alcances jurídicos, basta con la autorización del padre para poder disponer sobre el menor de edad”, pero en los estándares internacionales de derechos humanos que ya debemos aplicar en nuestro país, para que se tome un consentimiento pleno, debe tomarse en cuenta la participación libre y responsable en esa toma de decisiones por parte del propio menor de edad.
Otra de las condiciones de Álvarez Cibrián, es que se garantice la confidencialidad y que no se autoricen exámenes en los que se introduzcan objetos extraños o peligrosos al cuerpo del niño, como en el caso de la extracción de sangre.
Apuntó que se encuentra a la espera del documento, ya que se pretende presentar en el pleno del Congreso el 13 de septiembre.
Propuesta polémica
La iniciativa del diputado Abraham González Uyeda desató voces a favor y en contra en diversos sectores la semana pasada.
Por un lado, la Asociación de Padres de Familia y el propio Consejo Estatal Contra las Adicciones dieron el visto bueno a esta propuesta. En contraste, Rogelio Padilla Díaz, presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México (que agrupa a 70 organizaciones civiles que desarrollan programas a favor de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad), señaló que la iniciativa “es absolutamente violatoria” de los derechos humanos, pues se trata de una propuesta irracional que revela falta de sensibilidad y que, en el discurso, aparentemente se preocupa por las adicciones, “pero no es por ahí” el camino. Esta postura fue compartida por el director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Francisco Macías Medina. Sin embargo, González Uyeda defiende el proyecto: “La iniciativa no es incriminatoria, es preventiva”.
En este sentido, pidió al Congreso del Estado que tome en cuenta las disposiciones que hará llegar por escrito respecto al tema, donde se integran varias condicionantes para que dicha iniciativa se pueda llevar a cabo.
“La propuesta de ley que se plantea, debe considerar la creación de dichas estructuras burocráticas eficaces, que garanticen a la infancia este derecho a la salud física, psíquica y social; segundo, que se dé cumplimiento a lo que ordena el Artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que ninguno será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio”.
Aseveró que Jalisco y todos los estados tienen la obligación de legislar para establecer todas las medidas pertinentes a efecto de evitar que las niñas y niños caigan en el consumo de las drogas, por lo que ésta sería una importante condicionante antes de pensar en la aplicación de exámenes antidoping.
Además, indicó, en este tipo de iniciativas no basta con la autorización de los padres de familia, pues en México “hemos acostumbrado mucho que, en materia de alcances jurídicos, basta con la autorización del padre para poder disponer sobre el menor de edad”, pero en los estándares internacionales de derechos humanos que ya debemos aplicar en nuestro país, para que se tome un consentimiento pleno, debe tomarse en cuenta la participación libre y responsable en esa toma de decisiones por parte del propio menor de edad.
Otra de las condiciones de Álvarez Cibrián, es que se garantice la confidencialidad y que no se autoricen exámenes en los que se introduzcan objetos extraños o peligrosos al cuerpo del niño, como en el caso de la extracción de sangre.
Apuntó que se encuentra a la espera del documento, ya que se pretende presentar en el pleno del Congreso el 13 de septiembre.
Propuesta polémica
La iniciativa del diputado Abraham González Uyeda desató voces a favor y en contra en diversos sectores la semana pasada.
Por un lado, la Asociación de Padres de Familia y el propio Consejo Estatal Contra las Adicciones dieron el visto bueno a esta propuesta. En contraste, Rogelio Padilla Díaz, presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México (que agrupa a 70 organizaciones civiles que desarrollan programas a favor de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad), señaló que la iniciativa “es absolutamente violatoria” de los derechos humanos, pues se trata de una propuesta irracional que revela falta de sensibilidad y que, en el discurso, aparentemente se preocupa por las adicciones, “pero no es por ahí” el camino. Esta postura fue compartida por el director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Francisco Macías Medina. Sin embargo, González Uyeda defiende el proyecto: “La iniciativa no es incriminatoria, es preventiva”.
Presentan daños por toma del edificio de La Normal
o Solicitan que se abran más espacios a los aspirantes a ser alumnos de las escuelas normales
Autoridades de la SEJ anuncian que seguirán buscando el diálogo aunque no hay fundamentos legales para tratar con la FEG, a quienes llamaron saqueadores y delincuentes
-Edificio tomado regresa a poder de la SEJ
-Estudiantes toman edificio de La Normal
GUADALAJARA, JALISCO (5/SEPTIEMBRE/2011).- Esta mañana, en rueda de prensa, las autoridades de la Benemérita y Centenaria Escuela de la Normal, acompañados por Jorge Montoya Orozco, director de Formación Docente de la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ), presentaron los daños que fueron encontrados luego de que estudiantes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) tomaron el edificio desde el miércoles hasta la madrugada del sábado de la semana pasada.
La toma del edificio obedeció a las demandas del gremio estudiantil para que se abrieran más espacios a los aspirantes a ser alumnos de las escuelas normales de Jalisco; al no sentirse atendidos por autoridades, miembros de la FEG decidieron tomar el edificio sin previo aviso a la comunidad.
“El planteamiento que nosotros estamos haciendo es mejorar la calidad de la educación”, dijo Montoya, quien hizo un recuento de los logros que han tenido desde que, hace cinco años, el Gobierno del Estado firmó un acuerdo con las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para aumentar los requisitos a los aspirantes que quieren ocupar un lugar en las Escuelas Normales; requisitos como subir la calificación mínima de ingreso a 8 y ofrecer lugares sólo a los que aprueben el examen de admisión.
"Se acabó la política de los recomendados, lo que la Federación (de Estudiantes de Guadalajara) está pidiendo es que bajemos la calificación mínima a 6 y que ofrezcamos 150 lugares más; pero lo que nosotros estamos haciendo es aumentar los requisitos porque al final la plazas siempre son insuficientes”, dijo el funcionario.
En láminas mostradas a los medios de comunicación se pone de manifiesto que el pasado ciclo escolar hicieron trámite tres mil 300 aspirantes y sólo fueron aceptados 743, Montoya Orozco aseguró que esa política tiene que ver con los cerca de 20 mil maestros que aspiran a una plaza cuando en la realidad sólo hay espacio para 1800 maestros por año. “Lo que no queremos es frustrar proyectos de vida, no queremos más maestros sin empleo”, puntualizó.
Daños por ocho mil pesos y demanda a quien resulte responsable
Como se publicó en este medio desde el sábado pasado, los daños que encontraron las autoridades luego de desalojar a cerca de 40 personas que “habitaban” el edificio de la Benemérita y centenaria escuela de La Normal, van desde grafiti en las bardas de la prefectura, bodegas que fueron utilizadas como letrinas y la cafetería y máquinas expendedoras de alimentos saqueadas; daños que hasta el momento suman la cantidad de 8 mil pesos.
“Yo le hago un llamado a los responsables de la FEG para que me digan cuál es el fundamento legal para que ellos digan que tenemos que dialogar con ellos; no hay validez jurídica que les de representatividad”, dijo Montoya, quien calificó a la organización estudiantil como “porros” “gángsters” e irresponsables.
Además, Montoya Orozco añadió que ningún estudiante de la Normal participó en las protestas de la semana pasada y anticipó que desde el miércoles pasado se presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Estatal contra quien resulte responsable de los actos “Sobre todo contra los dirigentes, Davis Castorena, un hermano de Alejandro Buenrostro y un profesor (llamado) Gustavo Pérez.
EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA
-Estudiantes toman edificio de La Normal
GUADALAJARA, JALISCO (5/SEPTIEMBRE/2011).- Esta mañana, en rueda de prensa, las autoridades de la Benemérita y Centenaria Escuela de la Normal, acompañados por Jorge Montoya Orozco, director de Formación Docente de la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ), presentaron los daños que fueron encontrados luego de que estudiantes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) tomaron el edificio desde el miércoles hasta la madrugada del sábado de la semana pasada.
La toma del edificio obedeció a las demandas del gremio estudiantil para que se abrieran más espacios a los aspirantes a ser alumnos de las escuelas normales de Jalisco; al no sentirse atendidos por autoridades, miembros de la FEG decidieron tomar el edificio sin previo aviso a la comunidad.
“El planteamiento que nosotros estamos haciendo es mejorar la calidad de la educación”, dijo Montoya, quien hizo un recuento de los logros que han tenido desde que, hace cinco años, el Gobierno del Estado firmó un acuerdo con las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para aumentar los requisitos a los aspirantes que quieren ocupar un lugar en las Escuelas Normales; requisitos como subir la calificación mínima de ingreso a 8 y ofrecer lugares sólo a los que aprueben el examen de admisión.
"Se acabó la política de los recomendados, lo que la Federación (de Estudiantes de Guadalajara) está pidiendo es que bajemos la calificación mínima a 6 y que ofrezcamos 150 lugares más; pero lo que nosotros estamos haciendo es aumentar los requisitos porque al final la plazas siempre son insuficientes”, dijo el funcionario.
En láminas mostradas a los medios de comunicación se pone de manifiesto que el pasado ciclo escolar hicieron trámite tres mil 300 aspirantes y sólo fueron aceptados 743, Montoya Orozco aseguró que esa política tiene que ver con los cerca de 20 mil maestros que aspiran a una plaza cuando en la realidad sólo hay espacio para 1800 maestros por año. “Lo que no queremos es frustrar proyectos de vida, no queremos más maestros sin empleo”, puntualizó.
Daños por ocho mil pesos y demanda a quien resulte responsable
Como se publicó en este medio desde el sábado pasado, los daños que encontraron las autoridades luego de desalojar a cerca de 40 personas que “habitaban” el edificio de la Benemérita y centenaria escuela de La Normal, van desde grafiti en las bardas de la prefectura, bodegas que fueron utilizadas como letrinas y la cafetería y máquinas expendedoras de alimentos saqueadas; daños que hasta el momento suman la cantidad de 8 mil pesos.
“Yo le hago un llamado a los responsables de la FEG para que me digan cuál es el fundamento legal para que ellos digan que tenemos que dialogar con ellos; no hay validez jurídica que les de representatividad”, dijo Montoya, quien calificó a la organización estudiantil como “porros” “gángsters” e irresponsables.
Además, Montoya Orozco añadió que ningún estudiante de la Normal participó en las protestas de la semana pasada y anticipó que desde el miércoles pasado se presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Estatal contra quien resulte responsable de los actos “Sobre todo contra los dirigentes, Davis Castorena, un hermano de Alejandro Buenrostro y un profesor (llamado) Gustavo Pérez.
EL INFORMADOR / OMAR GARCÍA
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